Otra vez, como cada año en la última década, el país vuelve a presenciar las negociaciones FEES entre el gobierno y las universidades. Atrás quedaron las negociaciones más pacíficas y serenas de la última década para dar paso a intensas, agresivas y hasta brutales negociaciones con este gobierno (2022, 2023 y esta). Aquí les comparto una breve reflexión sobre este nuevo proceso.

Perfil del Gobierno

Del lado del gobierno, tenemos a una administración fiscalista centrada en tener resultados positivos en las macroeconomías de esta finquita, para lo cual ha impulsado un plan de gobierno centrado en reducción brutal del gasto (muy similar a lo que vivimos en el gobierno de Abel Pacheco 2002-2006). Es decir, con tal de presentar superávit fiscal- dólar estable- disminución de la deuda-control de inflación, el gobierno ha recortado las inversiones en infraestructura (el que menor nuevas obras ha impulsado en décadas), educación (llegamos a niveles de inversión tan bajos como los de finales de la década de 1990), sociales (recortes en cultura, equidad, inclusión, etc), salud (la crisis de la Caja provocada por la negación a pagar la deuda), etc.

Sumado a lo anterior, tenemos a un gobierno con una extraña agenda sobre las universidades públicas. En el primer FEES (2022) propuso un brutal recorte que habría implicado el cierre técnico de las universidades y, ante el cual, las universidades marcharon hasta obligar al gobierno a dar marcha atrás (la primera gran derrota del gobierno), en el FEES 2023 vimos a un gobierno que apostó por retrasar las negociaciones para obligar a las universidades a aceptar un congelamiento técnico y que terminó aceptando un pequeño crecimiento de 12 mil millones de colones y la liberación de ciertas partidas así como la eliminación de regla fiscal en becas.

Para este 2024, el gobierno llega con un apoyo político estable que no valdría la pena someter a la presión de huelgas, manifestaciones y la industria mediática (por eso la exigencia de eliminar conferencias de prensa y contactos con la prensa después de cada sesión de negociación). También llega debilitado en las finanzas con la menor recaudación de impuestos durante el año, más confortativo en lo político (iniciando campaña 2026) y con un Ministro de Hacienda empoderado en sostener los logros fiscales a costa de lo que sea.

Esto último debería alternos: el ministro está empoderado. El recorte de 65 mil millones al MEP para el presupuesto 2025 es una forma de lanzar un mensaje a todas las instituciones: si el Ministerio más grande del país y con las palpables consecuencias de los brutales recortes de los últimos 4 años, es golpeado y humillado con un recorte tan grande; cualquiera enfrentaría el mismo destino; incluyendo a las universidades públicas.

Perfil de las Universidades

Llegan a esta negociación unidas pero tensionadas a lo interno de cada universidad y como bloque unitario de CONARE. Como bloque CONARE, las universidades se encuentran lideradas el rector de la UCR (justamente quien casi no firma uno de los FEES negociados con este gobierno por las condiciones impuestas) que procura mantener un bloque común entre 5 instituciones con necesidades económicas dispares (unas tienen mayor solvencia y otras viven casi al límite del presupuesto), con liderazgos diversos y con una discusión sobre la distribución de los fondos que generará un cisma interno.

A lo interno, las tensiones afloran después de años de ajustes presupuestarios a la baja en partidas como salarios, equidad, inclusión, formación, convenciones colectivas, becas de formación, ampliación de cobertura, cantidad de estudiantes por grupo, cargas docentes, proyectos de investigación, implementación de salario único, carrera docente o universitaria, etc. El peso de estos conflictos varía según cada universidad pero evidentemente se han convertido en un campo minado para la gestión de las rectorías y les presiona para conseguir más recursos (por un lado que el gobierno les dé más y por el otro que haya un nuevo reparto de los fondos nuevos).

A este FEES, las universidades llegan más solas de lo deseable. Después del intenso FEES 2023, habría sido necesario la continuación de esfuerzos por crear alianzas de las universidades con diversos grupos sociales, especialmente el magisterio nacional y estudiantes de secundaria bajo la bandera del 8% del PIB para educación; lamentablemente, la oportunidad pasó de largo y no se han creado esas necesarias sinergías, dejando solas a las universidades en una lucha estratégica y que tiene implicaciones en todo el sistema educativo costarricense.

La negociación

En teoría, las partes llegarán a un acuerdo en 5 sesiones que equivalen a 5 semanas de trabajo con máxima discreción ( el gobierno logró el voto de silencio de las autoridades universitarias), pero en la práctica la negociación se llevará a cabo en tres sesiones. Durante la semana 1, se sentaron a saludarse y dar las reglas del juego de las próximas 4 sesiones; en la semana 2 seguramente discutirán los primeros datos de la «evaluación» de indicadores a las que «somete» el gobierno, en la semana 3 se consolidará la evaluación de indicadores y se propondrán los nuevos indicadores. En esta semana, o en la semana 4 será cuando comiencen el tire y encoge de cada propuesta y en la semana 5 tendrán la última sesión con una firma de un acuerdo después de unas 6 horas de negociación.

El gobierno ofrecerá entre 0,5% y 0,75% de aumento con miras a dar un 1% y las Universidades solicitarán entre un 3,5% y 2,5% con miras a conseguir, al menos, un 2% de aumento (otros 12 mil millones de aumento). Es probable que, al igual que las últimas negociaciones, en la 3era semana de trabajo las universidades comiencen a organizar movimientos de protesta para presionar al gobierno y se convoque a una nueva «mega marcha» para presionar al Ejecutivo. También es probable que, al igual que las últimas negociaciones, el Ejecutivo retrase la propuesta lo más posible y lleve al extremo del tiempo y presión a las universidades (en una de las dos negociaciones anteriores, la presión le dio resultado al gobierno)

Los discursos

Al igual que las últimas tres negociaciones, los discursos a usar por las partes son previsibles. El gobierno argumentará que: a) no hay dinero, b) no se puede aumentar el presupuesto de las universidades mientras que han tenido que recortar el presupuesto del MEP, c) lacayos sacarán las siempre de moda imágenes de «salarios» de lujos y, finalmente, se incorporará el tema d) el país ha tenido una inflación muy baja y las universidades quieren tener un aumento desproporcionado. Las universidades responderán a estos discursos con una replica de premisas: a) la defensa de la educación y del Estado Social, b) la defensa del 8% del PIB para educación, c) el papel de las universidades en el desarrollo del país y d) las grandes acciones implementadas por las universidades públicas.

Los discursos consolidarán a los bloques (cada quien le hablará a su público meta) pero les llevará, para bien o para mal, a un aumento de la presión desde el sector mediático y las redes sociales.

Lo que se juegan

El gobierno está en modo pre campaña electoral por lo que no puede perder (sería el equivalente a dar un aumento de más del 2% a las universidades) y, vinculado a esto, no puede frenar su apuesta por el control macroeconómico. Claro está, estos dos elementos se delimitan dentro un discurso conservador-neoliberal en el que no se podría «abrir la chequera» para las «repúblicas independientes universitarias y sus lujos». Es una batalla presupuestaria pero también cultural la que se juega el gobierno, y en esos términos lo han planteado en las dos negociaciones anteriores.

Las universidades están con la casa en llamas por lo que no pueden aceptar menos del 2% de aumento. El congelamiento salarial, la implementación de salario único, las necesidades de programas de equidad, la urgente necesidad de atender la nivelación de estudiantes de primer ingreso y las mayores demandas de la población estudiantil, ponen a las autoridades universitarias frente a un desafío estructural: cualquier vicerrector o autoridad que quiera ser elegido necesita que las administraciones actuales tengan dinero suficiente para cubrir parcialmente (reitero: parcialmente) las necesidades de las comunidades universitarias. Y ojo, esto último también implica la legitimidad de las autoridades para evitar los focos de guerra civil que se podrían vivir en los próximos meses ante un empuje de sectores opositores que expandirán su mensaje de descontento en un caldo de cultivo de recortes presupuestarios.

El reparto

Posterior a la firma del acuerdo vendrá la parte más difícil para las universidades: el reparto del presupuesto a lo interno de CONARE. El año pasado el bloque de las pequeñas, logró quebrar el reparto tradicional para establecer que el dinero nuevo (unos 12 mil millones de más para el FEES 2024) se dividían dando mayor porcentaje a costa de disminuir un poco a la UCR-UNA. Ese trance podría ser muy doloroso para la UCR si se repitiera y le pondría mayor presión para conseguir un mejor escenario de financiamiento.

Aunque todas las universidades dan discursos de hermandad, lo cierto es que el «cochino» dinero dividió hasta a Judas de Jesús, así que las universidades que tienen sus casas en llamas exigirán el reparto nuevo con las consecuencias que tengan que venir.

Lo pendiente

De lo dicho se puede desprender que el gobierno tiene una ruta clara de recortes, narrativa y juego político para establecer su agenda frente a las universidades pero éstas últimas han carecido de una visión de estrategia política; no solo han fallado en la creación de alianzas estratégicas claves como con el magisterio nacional y estudiantes de secundaria sino que, además, no han logrado hilar un discurso de lucha más allá de julio y agosto de cada año (la defensa del presupuesto a la educación pública debería ser un tema transversal y básico todo el año y no solo en estos dos meses)

También será clave ver el papel de las personas estudiantes de las universidades públicas, las federaciones de estudiantes, los medios de comunicación y los partidos políticos en pre campaña electoral. Sumado a esto, hay que esperar la definición de los personajes de gobierno para ver si en este proceso tomarán protagonismo el Ministro de Hacienda y la Ministra de Presidencia, en una clara estrategia de contención de daños. La definición de su accionar también puede inclinar la balanza en percepciones ya acciones específicas.

Finalmente, es evidente que las universidades carecen de brazos académicos con información pertinente, significativa y relevante para dar la pelea cultural y narrativa frente a este u otro gobierno. Aquí resulta necesario la creación de observatorios de educación que en verdad puedan brindar esa mirada amplia del campo de batalla cultural.

Saludos,

Dr. César Toruño