Las universidades públicas han sido el soporte básico de la Segunda República, desde el inmortal liderazgo de Facio en la década de los cincuenta hasta la heroica resistencia intelectual y académica a la arremetida neoliberal-neoconservadora con el TLC (cómo olvidar el memorando del Miedo).

De las universidades públicas surgieron los principales intelectuales que gestaron las transformaciones del país en los últimos 70 años, se desarrollaron los programas de extensión con efectos transformadores en las comunidades (con especial atención del período 1950 a 1980), se creo un sistema de investigación referente en Centroamérica y se logró la joya de la corona en la movilización social gracias a la expansión de sus tasas de matrícula y graduación.

El país ha reconocido estos aportes. Desde las encuestas que ubicaron a las universidades hasta la cotidianidad de alguien que se subía en la periférica y preguntaba ¿pasa por la U? y todos sabían a cuál universidad se hacía referencia. El reconocimiento y valoración social de las universidades ha sido un hecho sociopolítico y cultural estructural en la mentalidad del costarricense.

El país apoyó a las universidades en el histórico y heroico movimiento contra ALCOA, en las luchas perennes de los 80 y 90 por el aumento de la inversión pública en la educación secundaria, en la lucha contra el Combo ICE y el intento neoliberal de destruir el Estado Social (todos nos conmovimos y fuimos solidarios con aquellos estudiantes de la UCR que fueron golpeados por la policía en la fuente de la hispanidad) y, claro está, en la más gloriosa lucha social contra el TLC.

Todo fue bien hasta el 2008. Derrotadas en su lucha intelectual e histórica contra el TLC, la prensa y los grupos neoliberales-neoconservadores hicieron una alianza fáctica contra las universidades públicas. El objetivo era sencillo «debilitar su legitimidad social, hasta el punto del rechazo social, mediante una campaña constante y sistemática de ataques en prensa». Esos ataques se irían configurando y profundizando durante la siguiente década.

Además, ante la crisis de 2008 y la posición del gobierno en general de enfrentarla mediante mayor inversión en salarios, contrataciones y Estado Social; las Universidades Públicas comenzaron a vivir una década dorada de excedentes de dinero, aumento del presupuesto y mejoras de infraestructura (esto último consolidado con el préstamo internacional de la Administración de Luís Guillermo Solís). El exceso de dinero y luchas internas provocaron una mala decisión de gestión laboral: el aumento del porcentaje de anualidades a niveles insostenibles (en algunas instituciones al 5 % anual) que provocaría un aumento insostenible de la partida salarial.

Ese fallo de lectura estratégica fue el caldo de cultivo de los ataques de la prensa, neoliberales y neoconservadores desde 2010 y, sobre todo, después de 2015. Cada mes, luego cada semana y luego casi a diario, los medios llenaron al país de noticias vinculadas a casos aislados de funcionarios de las universidades con salarios de lujo (¿se acuerdan de los titulares de conserjes y choferes que ganaban dos millones de colones?). La estrategia fue tan vil como efectiva: usar casos aislados para repetirlos indefinidamente hasta que el país asociara a todo el personal de las universidades públicas con tagarotes millonarios que expoliaban la hacienda pública mientras los demás mortales sufrían las angustias cotidianas de la sobrevivencia económica.

La prensa, neoliberales y neoconservadores lograron su objetivo. El país se convenció de que el funcionario universitario era así, ya los datos no importaban. No importaba que el 90% de los funcionarios no tenían esos salarios de lujos, no importaba que los grandes logros en ciencias-investigación y extension eran liderados por funcionarios de esas universidades públicas, no importaba los impactos de la extensión-proyectos y acción social, no importaba la gloriosa historia de las universidades, sus aportes, su proyección… no importaba nada.

Es cierto, había una realidad cuestionable y que las universidades debían enfrentar: los casos aislados de salarios injustificados por un sistema insostenible de anualidades. Pero también es cierto que los ataques fueron coordinados en una guerra de grupos fácticos contra las universidades, en una venganza directa por el liderazgo antineoliberal y anti TLC de las universidades en el siglo XXI. También sería cierto afirmar que esta campaña creció justo en la época de mayor inversión en infraestructura de las Universidades Públicas, expansión de la matrícula y aumento de sus programas de extensión-acción social-investigación.

La década de la infamia, la década del ataque sin pudor contra las universidades públicas, generó impactos en la sociedad costarricense y, al mismo tiempo, en las personas funcionarias de las universidades públicas. En los últimos años, nos dividimos acusándonos mutuamente de la crisis, debilitamos nuestra participación en movimientos sociales y sindicales y hasta llegamos a tener cierto temor-vergüenza al decir que éramos funcionarios de una universidad pública.

El daño de la infamia fue tan grande que las universidades y sus funcionarios no pudieron resistir socialmente la lucha contra la Reforma Fiscal, Ley Antihuelgas y Ley Marco de Empleo Público. No se pudo vencer la asociación entre una legítima oposición en defensa de la autonomía universitaria y la inversión social contra una cuestionada posición en defensa de privilegios.

Hoy por hoy, funcionarios de todas las universidades públicas se encuentran en un escenario adverso: socialmente deslegitimados, económicamente derrotados con años de congelamiento y salarios decrecientes, laboralmente condenados a interinatos, administrativamente sometidos a administraciones ambivalentes sobre posiciones laborales progresistas, sindicalmente huérfana o divorciada y cotidianamente saturada de labores.

La situación laboral de sus funcionarios debería ser un elemento clave de las reinvindicaciones de la comunidad universitaria. Debería ser base estructural de la acción administrativa y política de las autoridades (Rectorías, Vicerrectorías y Consejos Universitarios). Debería ser una acción cotidiana de los organismos medios como Recursos Humanos. Debería ser… Debería ser…. Lamentablemente, no lo son.

Las universidades viven una política de gestión del recurso humano más preocupada por restringir gastos y atender las violaciones a la autonomía universitaria de las leyes neoliberales-neoconservadoras del traidor presidente Alvarado que en generar una política salarial progresista, progresiva y estratégica, una política salarial integrada a una macro política universitaria de dignificación de la labor de sus funcionarios. Las universidades deberían de priorizar todas las acciones necesarias para «curar» a sus funcionarios y comunidades universitarias de los daños ocasionados por la década de infamia; esto es un paso necesario para iniciar una contraofensiva ante la infamia de la prensa-neoliberales-neoconservadores.

Lo anterior puede reflejarse en pequeños gestos. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Rectores define, año a año, una temática que será replicada por las universidades en diversas actividades durante año. Un año es la salud mental, el otro el ambiente, el otro el oso perezoso, el otro la importancia de Odisea Burbujas. Y entonces salen los comunicados, el cambio de logos en los oficios, el cronograma de actividades y toda la parafernalia propia de las poses académicas.

Cada año se escoge una temática pero no he visto una sola mención a temas claves: 2024: año por salarios justos para los trabajadores universitarios, 2024: año por la eliminación del interinato en las universidades públicas, 2024: año por la dignificación del funcionario universitario, 2024: año por la igualdad salarial en las universidades públicas, 2024: año por la reivindicación social del funcionario universitario, etc.

Justamente ese el punto de esta reflexión. Las universidades rascan muy bien en temas como ecología, ambiente, género, etc; pero no rascan donde pica (y mucho): sus condiciones democráticas internas, relaciones laborales de sus funcionarios, condiciones económicas y laborales de sus funcionarios, entre otros. No estamos abordando el empobrecimiento de sus funcionarios, las desigualdades salariales de las dos universidades más pobres frente a las dos más ricas, el burdo interinato masivo, los nombramientos por argolla y a dedo, la presión autoritaria de ciertas instancias universitarias, la política anti funcionarios y anti sindical de ciertos sectores, la falta de apoyos claves, entre otros.

Claro está, esa es una lectura desde al gestión liderada por el Consejo de Rectores. Faltaría sumar los esfuerzos de los sindicatos para realizar luchas por la dignificación laboral-salarial (como nos hace falta el sindicalismo fuerte, opositor y visionario que lideró las luchas universitarias en los setenta y 80), esfuerzos del personal para presionar por cambios en la estructura de sus centros de trabajo y de la universidad en general, esfuerzos para la coordinación de movimientos laborales y estudiantiles y, claro está, falta la conciencia de funcionarios sobre su papel en la lucha por la dignificación de sus labores y de las universidades públicas ante sus pares y la sociedad en general.

Rectorías, Consejos Universitarios y la estructura de toma decisiones de cada universidad debería asumir la responsabilidad histórica de construir un nuevo escenario de relaciones laborales donde sus funcionarios se sientan motivados, orgullosos y felices de ser parte de las comunidades universitarias. Claro está, las personas funcionarias también deben presionar para que las autoridades tomen ese rumbo.

Las universidades públicas deben sentirse orgullosas de su legado al país. Las personas funcionarias de esas universidades deben sentirse orgullosas de ser parte de las instituciones. Al mismo tiempo, las universidades (como institución) deben defender a sus funcionarios, empoderarlos y dignificarlos con una política de relaciones laborales con incentivos, salarios crecientes, democratización-participación e igualdad plena a lo interno de la universidad y entre universitarios.

Es momento de rascar donde pica, sin temores ni complejos.

Saludos,

César Toruño Arguedas